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valor y mientras el salario real era de 2,64 Q el costo de las necesidades básicas para una
familia había subido a 16 Q.
En enero de 1991 llegĂł a la presidencia Jorge Serrano Elías, de origen ultraderechista, asesor
en el pasado del general Ríos Montt y funcionario de su gobierno militar. Con un escaso apoyo
popular, un mínimo respaldo institucional y la oposiciĂłn del sector empresarial, Serrano formĂł
un gobierno muy débil que tratĂł de reforzar dando un autogolpe de estado en 1993. Desde el
principio, el gobierno mantuvo la metodología terrorista, las PAC y las "aldeas modelo".
Acuciado por la presiĂłn internacional, el gobierno propuso a la guerrilla un alto el fuego y su
rendiciĂłn como paso previo al inicio de las negociaciones. Ante la negativa de la URNG a esos
términos, el ejército promoviĂł cambios drásticos en la cúpula militar y organizĂł su enésima
ofensiva contra los frentes guerrilleros, con lo que de nuevo aumentaron las violaciones de
derechos humanos. La campańa, centrada en debilitar al EGP, a la ORPA y en acabar con las
CPR, se vio limitada por la vuelta de los refugiados y por la gran atenciĂłn de la opiniĂłn pública
internacional hacia el proceso abierto en Guatemala. Sin embargo, esta aventura militarista
contĂł con el apoyo de los terratenientes, que exigían al gobierno que no negociara con los
rebeldes pues eran grupos al margen de la ley. La particular visiĂłn de los empresarios sobre la
realidad nacional les llevĂł a acusar de ser malos guatemaltecos y de perjudicar a los intereses
comerciales del país a todos aquellos que denunciaban las continuas violaciones de derechos
humanos. El gobierno, mientras tanto, intentĂł afianzar sus apoyos en el exterior a medida que
iba viendo, cada vez más claro, que las futuras ayudas internacionales estarían vinculadas a la
firma de un acuerdo de paz.
El ańo 92 trajo una mayor presiĂłn desde el exterior. La concesiĂłn del Premio Nobel de la
Paz a Rigoberta Menchú (el Premio Nobel Alternativo recayĂł ese ańo en Helen Mack) y la
victoria de Bill Clinton impusieron al gobierno mayores condicionantes si quería seguir
recibiendo ayudas internacionales. Durante este periodo la lucha por los derechos humanos dio
un salto espectacular, por un lado aumentĂł el número de denuncias que, al mismo tiempo,
alcanzaron una mayor repercusiĂłn internacional. Por otro, la salida a la luz de los desplazados
internos, el retorno de los refugiados, la presencia más activa de la iglesia catĂłlica y de las
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ONG s, el movimiento indigenista del ańo 92... impusieron una tensiĂłn que el gobierno intentĂł
evitar aumentando la represiĂłn, recurriendo para ello a los patrulleros civiles quienes en su
lealtad hacia los militares actuaron contra todos los que se resistían a la hegemonía de estos o al
control local de las patrullas (Ball, Kobrak y Spirer). En esa campańa la instituciĂłn militar puso
todo su empeńo en intentar capturar guerrilleros para presentarlos como arrepentidos y
derrotados ante la opiniĂłn pública.
La globalizaciĂłn de la economía y los ajustes propuestos por el FMI produjeron una fuerte
caída de la débil economía de los trabajadores. El desempleo y el subempleo llegaron a alcanzar
al 65% de la poblaciĂłn activa. Los empresarios y los militares se dedicaban mientras tanto, a
crear redes de narcotráfico. Según un informe de la DEA del ańo 91, aproximadamente el 30%
de los ingresos de la clase empresarial provenía del narcotráfico (se estimĂł que de las 600 pistas
privadas de aterrizaje situadas en la costa sur salieron un promedio de 145 vuelos mensuales).
Estas acusaciones unidas a las de corrupciĂłn, que llegaron a alcanzar al vicepresidente, Gustavo
Espina, y al mismo presidente Elías, generaron una crisis institucional que se saldĂł con un
autogolpe fallido del presidente, en un intento desesperado por suspender la ConstituciĂłn y
disolver el Congreso. Fue esta instituciĂłn la que en 1993, designĂł a Ramiro de LeĂłn
(Procurador de Derechos Humanos) como presidente de la República, quien se encontrĂł con las
fuertes presiones que sobre el gobierno y el congreso intentaban imponer los empresarios. Estos
mantenían paralelamente otra pugna con el ejército en su lucha por reducir el sector público. Y
estaba el tema de las negociaciones de paz, algo a lo que estaban categĂłricamente opuestos. En
mayo de 1995, los terratenientes agrupados en la CONAGRO (Coordinadora Nacional [ Pobierz całość w formacie PDF ]